Análisis sobre el avance del fascismo y la ofensiva reaccionaria

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1. Aclaración preliminar y situación actual

La siguiente contribución que hemos producido se encuentra inserta en el contexto de un momento de intenso trabajo ideológico y político de nuestro partido, empezado en 2024, para corregir y clarificar nuestra línea política y definir nuestro primer programa revolucionario. Este trabajo (reforzado y parcialmente reorientado al calor de la 2a Escuela Central de Cuadros, celebrada en agosto de este año), concluirá dentro de un año, en 2026, con la prevista celebración de nuestro II Congreso. Como parte del proceso hacia este II Congreso, es nuestro deseo llevar a cabo un análisis más profundo y amplio sobre el recorrido histórico del fascismo a nivel internacional y en nuestro país, la amenaza que supone y la posibilidad de una guerra inter-imperialista en el futuro, así como las tareas para el movimiento comunista en España.

Por lo tanto, lo aquí expuesto constituye nuestras primeras reflexiones preliminares sobre la cuestión del fascismo, a la luz de los recientes desarrollos en nuestra comprensión ideológica y política. Estas reflexiones se enfocan en la actual fase de auge reaccionario, al mismo tiempo que buscan iniciar la rectificación de las posturas que nuestro partido había sostenido previamente.

Según exponíamos en abril de 2025 en nuestro documento Análisis y orientaciones ante el rearme en Europa¹:

«El desarrollo de los últimos años ha traído consigo varios fenómenos que han agudizado las contradicciones internas del sistema imperialista, con un panorama que nos presenta:

• Un estancamiento general de la producción, con crisis económicas cada vez más recurrentes.

• El incremento de los conflictos bélicos y un aumento de la inversión militar en todo el mundo ante el aumento de las tensiones interimperialistas.

• El crecimiento de la extrema derecha en los países imperialistas y el fascismo abierto en los países dominados, con la pérdida acelerada de derechos y libertades democrático-burguesas.

Aunque consideramos estas premisas acertadas, debemos añadir que el fascismo está adquiriendo hoy un papel cada vez más relevante en los países imperialistas occidentales, canalizado por la ultraderecha y favorecido por la permisividad de los partidos burgueses tradicionales. Entre ellos, destaca el caso de EE. UU., donde este avance es más evidente y cuya influencia contribuye a impulsar dinámicas reaccionarias y tendencias fascistas en el resto de potencias occidentales.

Este panorama nos obliga a rectificar otra postura de nuestro documento. En él sosteníamos que ni el fascismo ni la guerra interimperialista constituían una amenaza inmediata en los países imperialistas y que, por tanto, centrar la lucha en su prevención era un error. Considerábamos que priorizar el fascismo en nuestro discurso podía interpretarse como seguidismo del enfoque oportunista de la socialdemocracia y el reformismo, que recurren al discurso agorero del “mal menor” para justificar el voto útil y resguardar sus intereses. Bajo esta premisa, identificábamos el avance de las fuerzas de ultraderecha como el problema más urgente, tratándolo casi como un fenómeno aislado respecto de las otras dos cuestiones.

Esta valoración estaba condicionada, en parte, por la comparación con el período de entreguerras del siglo XX. Entonces, el fascismo surgió como dictadura abierta de la fracción más reaccionaria de la oligarquía financiera ante una crisis profunda y una amenaza revolucionaria real, sostenida por la existencia de la Unión Soviética como “cuartel general de la revolución mundial” y por un proletariado revolucionario en ascenso. Al no reproducirse hoy un escenario de esa magnitud, concluimos que la amenaza fascista era menos inmediata.

Sin embargo, no examinamos con la debida atención el proceso contemporáneo de fascistización ni su posible desembocadura en una dictadura abierta, lo que nos llevó a subestimar la situación. Tampoco distinguimos claramente los ritmos y condiciones del fenómeno en EE. UU. y en Europa, aun sabiendo que la evolución estadounidense condicionaría la del continente. Por tanto, reducir la cuestión a la ilegalización de una organización o a la existencia de grupos fascistas era insuficiente, ya que tales hechos pueden darse en democracias burguesas sin indicar por sí mismos un viraje fascista. Lo decisivo era evaluar si estos fenómenos se articulaban con factores estructurales más amplios y, sobre todo, cómo respondían a las necesidades estratégicas de la oligarquía financiera en el contexto de una creciente pugna interimperialista. Del mismo modo, aunque la socialdemocracia utilice discursos agoreros en beneficio propio, ello no excluye que debamos analizar con rigor el desarrollo real del fascismo, asumiendo una aproximación más completa a las tendencias en curso.

La experiencia de los años 20 y 30 del siglo pasado demuestra que el fascismo no solo apareció en aquellos países donde el proletariado llegó a amenazar el dominio burgués. También lo hizo en muchos otros donde tal cosa no llegó a suceder. Y triunfó en todos aquellos donde precisamente el movimiento revolucionario del proletariado no fue suficientemente fuerte como para detenerlos, fracasando en su tarea de construir el frente único al mismo tiempo que se rompen las ataduras impuestas al proletariado por el colaboracionismo de la socialdemocracia y sus engaños reformistas.

Precisamente es nuestra gran debilidad actual la que nos obliga con más urgencia si cabe a plantearnos seriamente la posibilidad de que el fascismo, cuando se encuentre suficientemente desarrollado, se imponga sin problemas en cuanto la oligarquía financiera «lo llame a filas» para responder a la enésima crisis y aplaste a las masas ante la clara ausencia de un movimiento revolucionario suficientemente fuerte como para hacerle frente.

2. Los EE.UU. como ejemplo del avance del fascismo en los países occidentales.

En los EE.UU., y de manera más desigual en Europa, avanza una oleada reaccionaria caracterizada por el recorte de derechos democráticos, la intensificación de la explotación de la clase trabajadora y el endurecimiento del aparato represivo. Este proceso se desarrolla en un marco de creciente competencia interimperialista, que consideramos el factor decisivo para explicar por qué ciertos sectores de la oligarquía financiera empiezan a ver con buenos ojos formas de gobierno capaces de asegurar, simultáneamente, el control del frente interior y el fortalecimiento del frente exterior. Por tanto, es el conflicto entre potencias, y no solo la “crisis interna”, lo que empuja hoy a valorar soluciones autoritarias de corte fascista.

En este sentido, si bien la experiencia estadounidense muestra un avance fascistizante, éste no tiene por qué conducir necesariamente a una dictadura fascista abierta, al menos en el medio plazo. El proceso puede desarrollarse de manera descendente, estabilizarse, e incluso retroceder temporalmente durante años, mientras la oligarquía mide resistencias, reacomoda alianzas y espera el momento en que una solución abiertamente fascista le resulte indispensable. Este patrón, más cercano al de la experiencia de fascistización alemana de los años 30, implica un fascismo que madura de forma discontinua bajo gobiernos reaccionarios previos, que erosionan las estructuras democráticas poco a poco, preparan la maquinaria legal, militar y propagandística, y normalizan la violencia política. A diferencia del ascenso del fascismo italiano en los años 20, caracterizado por una toma rápida del poder mediante un movimiento fascista cohesionado y con movilización constante en las calles, la evolución “a la alemana” se caracteriza por un período prolongado de fascistización desde arriba antes de la instauración plena de la dictadura.

Ahora bien, al trasladar esta comparación al escenario europeo, emergen diferencias significativas. Aunque también se observa un desplazamiento del régimen hacia posiciones reaccionarias, la ultraderecha europea suele estar impulsada por sectores de la burguesía que aún son minoritarios y que avanzan con el beneplácito táctico -pero con una menor dependencia estratégica- de la oligarquía financiera. Ello genera un proceso más fragmentado, donde la fascistización es real, pero menos homogénea y menos ligada, por ahora, a un proyecto de poder centralizado como el que se está configurando en los EE.UU.

Aun así, es en el caso estadounidense donde la tendencia se vuelve más nítida, aunque todavía no pueda hablarse de una “dictadura terrorista abierta” en el sentido señalado por Dimitrov. El régimen trumpista mantiene todavía el armazón formal de la democracia burguesa: existen elecciones competitivas, parte de la prensa mantiene márgenes de crítica, y el Legislativo y el Judicial conservan un grado limitado de autonomía. No se han ilegalizado partidos de oposición ni se ha establecido un sistema de partido único; las organizaciones obreras continúan siendo legales y la represión, aunque en aumento, no ha alcanzado el nivel sistemático y generalizado propio de las dictaduras fascistas históricas. Sin embargo, el régimen trumpista utiliza cada resquicio de la legalidad burguesa para avanzar en la fascistización, combinando medidas gubernamentales con un creciente uso de instrumentos externos como fundaciones de lawfare -por ejemplo, America First Legal-, el indulto y apoyo directo a grupos neofascistas como los Proud Boys, o la colaboración estrecha con los monopolios tecnológicos, militares y de vigilancia (Google, Palantir, Lockheed Martin, Anduril, Amazon). Estas empresas, profundamente imbricadas con el aparato militar y de seguridad estatal, sostienen sin fisuras la agenda reaccionaria del régimen.

Este modo de operar recuerda a los gobiernos reaccionarios prefascistas europeos de las décadas de 1920 y 1930 (Brüning, Von Papen, Schleicher, Dollfuss), que, sin ser aún dictaduras fascistas, prepararon las condiciones para su instauración. Asimismo, regímenes formalmente democráticos como los de Roosevelt en los EE.UU., el Reino Unido o Francia también fascistizaron las viejas formas de gobierno mediante poderes extraordinarios, militarización policial, restricciones a libertades democrático-burguesas y control burocrático reforzado sobre la clase obrera.²

Actualmente, los elementos que caracterizan la tendencia fascistizante en el país son claros:

a) Los ataques contra la clase obrera, minando los derechos laborales, pero atacando especialmente los sectores más depauperados (que incluye una proporción muy elevada de minorías raciales), siendo el caso más reciente la instrumentalización del «cierre» de la Administración por falta de presupuestos aprobados para acrecentar los recortes masivos a los servicios y prestaciones sociales. Este ataque está llegando a puntos extremos. Por un lado, se usa la hambruna forzada contra el pueblo, al privar a innumerables familias de los subsidios necesarios para acceder a alimentos básicos. De igual modo, se priva a estas familias también de los fondos para acceder a servicios sanitarios fundamentales con los recortes a la seguridad social en un país, que condenan a la muerte a millones de personas que dependen de ellos para tratar sus enfermedades y seguir con vida.

b) La ofensiva patriarcal contra los derechos reproductivos de las mujeres y contra los derechos democráticos de la disidencia sexual y de género. Por un lado, la ilegalización y penalización del aborto en muchos estados, ya antes del acceso de Trump al poder en 2024, y su proyectada planificación a nivel federal. Por otro, la retirada del reconocimiento legal a las personas trans y de medidas antidiscriminatorias contra el colectivo LGBT+, así como recortes y desmantelamiento de servicios y prestaciones dirigidas a este, especialmente en el ámbito de la salud, o la prohibición de la discusión de los tópicos alrededor de la disidencia sexual y de género en el sistema educativo.

c) El fomento del supremacismo blanco, de nuevo con ataques contra derechos democráticos y laborales de las minorías raciales e incluso la implantación de medidas para la purga de dichas minorías en el seno del cuerpo burocrático-militar del Estado. La campaña de terror contra la población migrante va de la mano con este discurso, despojándola de derechos, persiguiéndola a través de los arrestos, deportaciones y desapariciones ejercidas por el cuerpo policial ICE, militarizado y fascistizado.

d) Estas tres se mezclan con el fomento del ultranacionalismo, con la instauración de un discurso de emergencia nacional mediante la repetición de la idea de la necesidad de tomar medidas extraordinarias para la salvación de la nación y sus valores (patriarcales, racistas, clasistas, fundamentalistas religiosos) contra sus enemigos, internos y externos. Este justifica el creciente modo de gobierno mediante órdenes ejecutivas, ignorando los mecanismos parlamentarios y la separación de poderes burguesa.

La designación de la oposición popular antifascista como «terrorista» y como «enemigo interno» es la expresión más aguda de este discurso, junto a la persecución de las ideas anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas, antisionistas y antirreligiosas como crímenes de odio y signos que pueden justificar investigaciones por terrorismo. Esta designación se produce conjuntamente al cerco y acusación constante a la oposición con todo tipo de bulos y desinformación, señalando incluso al Partido Demócrata como una organización «de extrema izquierda». Estas medidas, conjunto, son un ataque directo a la libertad de expresión y abren paso a las detenciones arbitrarias e injustificadas. A modo de ejemplo, las hemos podido ver desplegadas de lleno en la represión contra el movimiento de protesta en solidaridad con Palestina, especialmente en las universidades estadounidenses y contra los estudiantes de origen extranjero.

Por otro lado, también es relevante en este sentido el ataque directo a la oposición liberal burguesa, a pesar de que los predecesores del partido demócrata han contribuido a manos llenas con estos avances (y que incluso muchas veces se muestran en acuerdo con las políticas de Trump «en el fondo» aunque difieran «en la forma»). Estos ataques muchas veces suponen un enfrentamiento abierto con aquellas ramas del Estado burgués que ponen obstáculos legalistas o democratistas a su gobierno por decreto mediante órdenes judiciales y sentencias en contra de sus medidas, que Trump intenta rodear o saltarse siempre que puede. Esto tensa cada vez más las contradicciones internas del campo burgués y allana el camino para una crisis política en el seno del Estado con aquellas ramas que le muestren más oposición: jueces, cargos electos y del cuerpo burocrático-militar, parlamentarios estatales y federales, trabajadores de la administración…

e) Este discurso de «emergencia nacional» no solo sirve para gobernar «por decreto» sino que también sirve para justificar la militarización creciente (también a golpe de decreto) en las grandes ciudades del país mediante las fuerzas armadas, el cuerpo ICE y las demás fuerzas policiales, especialmente allí donde los gobiernos locales demócratas muestren la mínima disconformidad en aplicar sus medidas políticas. Este abuso de sus poderes ejecutivos sirve para implantar, a efectos prácticos, una prueba piloto de ley marcial mediante el despliegue de la Guardia Nacional. Empezando por Los Ángeles, en mayo y junio, y por la propia capital, Washington D.C., a modo de prueba piloto, Trump ha seguido impulsando esta agenda con algunas de las principales ciudades gobernadas por alcaldes demócratas o donde las minorías raciales son mayoritarias, como Chicago o Portland, anulando a efectos prácticos su autonomía gubernativa.

f) Así pues, derivada de todas estas, se está empezando a fomentar un creciente clima de violencia política de tipo fascista. Esta se suma al tradicional ensañamiento policial y parapolicial contra minorías raciales, enraizada en los orígenes coloniales y esclavistas de los EE.UU., aspectos de los cuales hacen bandera las masas reaccionarias y los grupos fascistas y fascistoides que dan apoyo al régimen de Trump. Cada año, indistintamente de la facción burguesa en el poder, los cuerpos policiales estadounidenses asesinan a varios centenares de afroamericanos y latinos, y hieren a varios millares más. Bajo la égida militarista y fascistizante del actual régimen de Trump, esta violencia se verá aún más protegida por el Estado. Este ha impulsado decretos para dar cobertura legal al uso de la fuerza letal y retirado las medidas y reformas del régimen de Biden (adoptadas como concesión a las masivas protestas antirracistas de 2021), disminuyendo aún más la rendición de cuentas de la policía y aumentando su impunidad para la represión de las masas.

Esta violencia, de manera aún no tan brutal, también afecta de manera directa e indirecta a mujeres y disidencia sexual y de género y a la oposición popular antifascista, y incluso también llega a salpicar a la oposición liberal burguesa en ocasiones cuando esta confronta las medidas del régimen de Trump, aunque sea de manera performativa. Varios representantes del ala liberal burguesa han sufrido ataques físicos o a su propiedad, arrestos por protestar contra medidas adoptadas por el gobierno (como el genocidio en Palestina en ruedas de prensa o en comisiones del Congreso, o contra la actividad de ICE). El caso más grave ha sido el tiroteo contra varios políticos demócratas en el Estado de Minnesota, siendo dos de ellos asesinados y dos más heridos por un elemento fascista.

En este sentido, creemos que hay que hacer especial mención a ICE, el cuerpo de agentes fronterizos. Consideramos que, hoy por hoy, este claramente sirve al régimen de Trump como una fuerza de choque fascista: este cuerpo ha nutrido inmensamente sus filas, tanto por una vía regular, con campañas de reclutamiento masivo ofreciendo cheques de 50.000 dólares a aquellos que se apunten o la condonación de sus deudas estudiantiles; como por una vía irregular, mediante la distribución de uniformes sin identificación a través de plataformas como Amazon, descentralizando las razias y secuestros al permitir que elementos fascistas supremacistas blancos actúen por cuenta propia «disfrazados» de agentes. Además, ICE puede operar legalmente en una zona a más de 160 kilómetros de la frontera de los EE.UU. En esta franja territorial que circunvala el país entero es donde vive 2 de cada 3 personas del país, y donde se concentra la inmensa mayoría de la población migrante.

Los objetivos de estas medidas creemos que son: por un lado, garantizar la desprotección, desmoralización y desmovilización de las masas para poder intensificar su explotación; por el otro, fomentar la división en el seno del pueblo para dotar al régimen de Trump y a la oligarquía financiera de una base social entre los sectores reaccionarios de la pequeña burguesía, el proletariado y los elementos desclasados, atrayéndolos al campo burgués mediante engaños y la fascistización de la sociedad estadounidense.

Todo ello convierte a EE.UU. en el laboratorio central del avance reaccionario contemporáneo, no porque ya haya culminado un régimen fascista, sino porque su evolución muestra la forma gradual, intermitente y estratégica que el fascismo puede adoptar en el siglo XXI en las principales potencias imperialistas.

3. La situación en Europa: la deriva autoritaria y la ofensiva reaccionaria.

De todos modos, la ofensiva reaccionaria y la fascistización en Europa aún no se ha desarrollado tanto como en los EE.UU.. Muestra de ello es que incluso un gobierno con fascistas confesos en su seno, como el de Giorgia Meloni en Italia, es mucho más comedido en su actuación que el régimen de Trump en los EE.UU. Hasta ahora, el aspecto principal de este proceso ha sido la deriva autoritaria del Estado en manos de las fuerzas socialdemócratas o liberal-conservadoras tradicionales, como ya sucedió también con este tipo de gobiernos en el contexto de los años 20 y 30 del siglo pasado. De igual modo que entonces, estas fuerzas se han ido derechizando cada vez más y más, empujadas por las necesidades de mayor explotación de la oligarquía financiera, por un lado, y la presión hacia la derecha de las fuerzas ultraderechistas, por el otro. Estas, para más inri, durante el proceso se han convertido en la 2a o 3a fuerza política en los parlamentos burgueses de casi todos los países (y a veces incluso en la 1a, como en Italia) capitalizando en el reguero interminable de decepciones que reciben las masas con los gobiernos de las fuerzas burguesas tradicionales, especialmente de la socialdemocracia.

Así pues, pensamos que en Europa la deriva autoritaria del Estado es el primer paso en el proceso de fascistización: por un lado, la ultraderecha abre paso a las ideas reaccionarias en el seno del pueblo, por el otro, el creciente autoritarismo del Estado facilita la represión de las masas que se enfrenten tanto a este como a los ultraderechistas y a los fascistas (que durante esta fase aún están fuera de la mayoría de gobiernos).

3.1. La deriva autoritaria en Europa.

En lo que respecta a la deriva autoritaria por parte del poder estatal en el contexto de la ofensiva reaccionaria en Europa observamos lo siguiente:

1. Vemos que en general en todos los Estados europeos la legislación represiva se endurece, aumentando penas, rebajando las garantías legales, amparando más la brutalidad policial reduciendo o eliminando mecanismo para la rendición de cuentas (como la posibilidad de grabar a la policía o el requerimiento de llevar número de placa) y restringiendo la actividad política de la clase obrera. Un ejemplo paradigmático reciente a través de casi toda Europa ha sido la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina: organizaciones militantes como Samidoun, o de carácter más amplio, como Palestine Action, han sido ilegalizadas en países como Alemania, el Reino Unido y Francia, arrestando a centenares de personas. En Alemania, la libertad de expresión se ha visto coartada en este sentido, hasta el punto de equiparar la bandera palestina a un símbolo de odio, y la censura ha golpeado con especial dureza al medio de comunicación antiimperialista Red.Media, que ha sido clausurado en un proceso sin ningún tipo de garantía legal bajo la acusación «de estar al servicio de Rusia».

2. Una legislación laboral cada vez más draconiana. Esta tendencia ya existía incluso desde antes de la crisis de 2008, con reformas de los sistemas laborales y de seguridad social.³ Este aspecto es bastante relevante en la deriva autoritaria del Estado, ya que afecta de manera directa a la capacidad de la burguesía para disciplinar a la clase obrera. Estos nuevos sistemas forzaban a los parados a aceptar trabajos con salarios indecentes bajo la penalización de perder la prestación por desempleo. Distintos países europeos replicaron este modelo, especialmente después de la crisis de 2008 en paralelo con la introducción de cada vez más trabas burocráticas al cobro de prestaciones sociales (reforzadas por los procesos de «digitalización» de la administración). Cada vez más países condicionan el cobro de prestaciones al sometimiento a un sistema de control y monitoreo de los parados, con la obligación de aceptar trabajos extremadamente precarios y abusivos y con medidas coercitivas para la retirada de la prestación en caso del más pequeño incumplimiento.

3. Junto con la creciente arbitrariedad en la represión y capacidad de control del Estado también empieza a aparecer el abuso de los poderes de excepción, que tuvo como pico circunstancial general la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en países como Francia lleva un tiempo siendo de uso cada vez más frecuente. El estado de excepción decretado entre 2015-2017, durante la presidencia del social-demócrata Hollande, con la excusa de la «guerra contra el terror»; y también en los distintos gobiernos bajo Macron a partir de 2022, que ha usado poderes extraordinarios para esquivar el control parlamentario más de 20 veces: un 25% del total desde la proclamación de la 5a República. Estos han servido mayormente para la aprobación de presupuestos sin mayoría parlamentaria en los que se introducían recortes sociales e incrementos en el gasto militar, así como para pasar medidas enormemente antipopulares, como la reforma del sistema de pensiones o de la edad de jubilación, que han tenido una fortísima respuesta en las calles y se encuentran parcialmente paralizadas.

4. En paralelo a estos procesos, se produce una intensificación de las tensiones interimperialistas fruto del estancamiento general de la economía. Es entonces cuando resurge y se instaura la política de rearme. Esta no es otra cosa que una combinación de las medidas anteriores con un aumento radical de la militarización del Estado. De manera inmediata, esta responde a poder mantener a raya a la clase obrera y al pueblo en su frente interior, así como para mantener sus posiciones de dominio en el frente exterior; y, a medio y largo plazo, prepararse para un eventual conflicto abierto entre potencias en el frente interimperialista. En su absoluta hipocresía, Úrsula Von der Leyen, representante de la oligarquía financiera de las potencias europeas de la UE, ha decidido hacer una excepción al famoso «techo de gasto público» impuesto durante la crisis de 2008 y contraer cuantiosísimas deudas para poder incrementar los presupuestos de defensa de los Estados de la Unión. En paralelo a esta política de rearme, se da también una creciente militarización de las fuerzas policiales en los estados imperialistas europeos, con el aumento de las partidas presupuestarias dedicadas a aumentar su número de integrantes, mejorar sus dispositivos y sistemas de vigilancia y dotarlos de mayor y mejor armamento:

• El Fondo de Seguridad Interna de la UE ha aumentado un 90% para el período de 2021 a 2027 de 1000 millones de euros a 1.900 millones.
• Otros 6.200 millones de euros fueron destinados al fondo común para la gestión de las fronteras.
• Frontex y la Europol también han aumentado en varios millares de millones de euros, con un presupuesto combinado de 9.600 millones de euros. Frontex en concreto se lleva 5.600 millones de euros, el doble del período anterior, y la comisión europea plantea doblar esa cifra de cara al período de 2028 a 2034.
• Se destinaron 8.000 millones a la investigación y desarrollo de equipamiento militar puntero.Estos aumentos se ven más o menos replicados a nivel de cada Estado Miembro de la UE (y en el Reino Unido por separado). En general, el objetivo es disponer de cuerpos policiales militarizados, una frontera gestionada igualmente con medios cuasi-militares y el enriquecimiento de las distintas industrias europeas vinculadas a la seguridad, buscando que sean capaces de desarrollar su propia tecnología de última generación para el uso militar y la vigilancia masiva: drones, cámaras, sensores, material antidisturbios, etc. A esto hay que incluir un patrón más retorcido si cabe, que es el uso de las fronteras de la Unión Europea como campo de pruebas para el nuevo equipamiento, las nuevas técnicas y métodos de control de masas. Después de haber financiado todo este armamento y cuerpos represivos con el dinero exprimido de la clase obrera y del espolio de los pueblos del mundo, la oligarquía financiera lo pone a prueba contra las masas de migrantes procedentes de los mismos países espoliados por el imperialismo. Luego, habiendo comprobado su efectividad, lo pone al servicio de la represión de la clase obrera y el pueblo de su propio país, completando una rueda que se mueve con la sangre y el sudor de los proletarios y los pueblos oprimidos del mundo.

3.2. La deriva autoritaria en España

En el caso de España, podemos poner el tiro de salida de esta deriva autoritaria del Estado en las medidas adoptadas tras la crisis del 2008, aunque intercambiando el orden de los factores:

1. En el ámbito laboral, el primer gobierno conservador Rajoy impuso su odiada reforma laboral basándose en aquella aprobada en 2010 por el gobierno socialdemócrata de Zapatero, en ese entonces en caída libre y aplicando todo aquello que se ordenaba desde Bruselas. Esa reforma implantó el marco laboral enormemente precario vigente en España hasta hoy en día (y afianzado por el actual gobierno socialdemócrata): este vino marcado por la preponderancia de la temporalidad, jornadas laborales larguísimas, sueldos bajos, limitación y recorte de derechos laborales largamente consolidados… Esta reforma laboral fue acompañada de grandes medidas de austeridad: recortes en los servicios públicos, en las prestaciones de la seguridad social, en las pensiones… Ello provocó la única huelga general que se ha convocado en los últimos quince años en España, así como una oleada de protestas generalizadas y un movimiento de impugnación política al régimen democrático-burgués, conocido como el movimiento 15-M o movimiento de los Indignados, que ante la ausencia de un liderazgo del proletariado revolucionario fue capitalizado por fuerzas reformistas radicales pequeñoburguesas. La guinda del pastel fueron las medidas reaccionarias del gobierno conservador de Rajoy (como la pretensión de recortar el derecho al aborto y la reforma del sistema educativo) y su corrupción descarada, que inflamaron más si cabe la indignación popular.

2. Ante la creciente tensión social, el gobierno endureció el marco legal represivo mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que se ha instaurado incuestionablemente como el nuevo marco represivo desde entonces. Esta ley fue afianzada posteriormente por el actual gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez, que entro cabalgando esa oleada de indignación con promesas de derogar tanto la Ley Mordaza como la Reforma Laboral, demostrando una vez más los verdaderos colores de la socialdemocracia, y generando una inevitable decepción entre la clase obrera y las demás capas populares. Esta ley comportó el aumento de la discrecionalidad policial, el agravamiento del Código Penal, con condenas más duras y largas tanto a la protesta militante como para la libertad de expresión para perseguir a activistas, periodistas, artistas progresistas e incluso simples usuarios de redes sociales, siendo frecuente la acusación de enaltecimiento del terrorismo. Siguiendo la estela de esta ley, en 2021 se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria, una ley parecida a la Ley Mordaza circunscrita a los campos universitarios, endureciendo así también la represión de manera específica contra un sector tradicionalmente contestatario como son los estudiantes universitarios.Este marco represivo más duro provoca no solo la represión directa de las personas afectadas, sino también la del resto de las masas de forma indirecta, con la autocensura y la desmovilización derivadas de los casos ejemplarizantes. A ello se suman identificaciones masivas en manifestaciones para amedrentar a los asistentes; detención y amenazas a periodistas; trabas a la hora de identificar a la policía en su actuación; son todo medidas tendentes a asegurar la impunidad y manga ancha de los cuerpos de seguridad del Estado. En general, se trata de pasos que contribuyen al impulso de la ola reaccionaria actual.

3. En lo que respecta a la arbitrariedad del Estado y el abuso de sus poderes, podemos destacar dos situaciones significativas producidas en los últimos años, ya que sientan precedentes represivos para el futuro y en las que el Estado ha hecho amplio uso del nuevo marco establecido por la Ley Mordaza:

• la intervención en Cataluña por el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, y el intenso período de protestas subsiguientes (2018 y 2019);
• y el período de «estado de emergencia» de la COVID-19 (2020 y 2021).Durante el primero, el Estado estableció un estado de emergencia de facto, limitado a Cataluña, durante los últimos meses de 2017: se disolvió el parlamento catalán y se cesó al gobierno autonómico, asumiendo el Estado el control directo de la administración regional y todas sus ramas, y desplegando un dispositivo policial de varios millares de agentes de policía, con limitaciones severas al derecho de manifestación y de reunión durante los meses subsiguientes, llevando a cabo una militarización del espacio público. La persecución al movimiento independentista fue muy dura, con más de 3.000 represaliados entre 2017 y 2019, que fueron imputados de los delitos de terrorismo, rebelión, sedición, organización criminal y malversación de fondos mediante interpretaciones sumamente laxas de la ley vigente.Durante el segundo, el Estado usó estos poderes para intervenir rápidamente ante la situación de crisis para asegurar que esta se contenía lo máximo posible mientras se mantenía la gran producción en general. Se anularon, de la noche a la mañana, las supuestas garantías del estado democrático-burgués. A pesar de que se mantuvieron ciertas formalidades, puramente simbólicas, respecto al derecho de reunión y manifestación, las exigencias eran tan grandes que anulaba, virtualmente, el amparo legal a cualquier protesta de la clase obrera. Esto se hizo en un contexto donde era evidente que aumentaría la conflictividad social al forzar a la clase obrera a seguir produciendo, y en peores condiciones, mientras eran precisamente los barrios obreros aquellos donde se daba una mayor afectación por el virus.

4. Finalmente, en cuanto a la militarización y el rearme del Estado Español, hay alguna diferencia. Tanto durante los gobiernos conservadores de Rajoy (2011-2018), como desde el segundo gobierno socialdemócrata de Sánchez (2021-2023) hasta la actualidad, se ha producido un incremento general de los recursos del Ministerio del Interior y de Defensa en las partidas presupuestarias del Estado año a año. Bajo Sánchez este incremento ha sido de 5.800 a 7.400 millones de euros, y los cuerpos policiales del Estado español (Policía Nacional y Guardia Civil) han alcanzado sus máximos históricos de plantilla, sumando más de 150.000 efectivos entre ambos, e incrementándose también los cuerpos de policías locales y de las autonomías. Al mismo tiempo, han aumentado sus salarios, así como la compra de material: la ampliación de la flota de vehículos blindados; la adquisición de drones y sistemas anti-dron; la implantación de nuevos sistemas de vigilancia; la adquisición de material antidisturbios y armamento menos-letal.Sin embargo, hay aspectos en los que el proceso de rearme del Estado español es un caso un tanto diferente de la tendencia seguida por el resto de potencias europeas. En nuestro documento Análisis y orientaciones ante el rearme europeo decíamos lo siguiente:«En España, como el resto de Europa, las posiciones de extrema derecha han ganado peso en los últimos años. Con un discurso similar al del «Make America Great Again», la oligarquía de nuestro país se ha sacado la careta liberal-moderada que llevaba la década pasada y ahora señala a los inmigrantes como responsables de la miseria, ignorando intencionadamente la relación entre la pobreza que se les impone y la criminalidad. Paralelamente, los medios de comunicación introducen la idea de la proximidad de una guerra, ya sea con Rusia o con China, buscando generar una justificación del aumento del gasto militar en la opinión pública. A pesar de tener un gobierno socialdemócrata, el Estado Español ni escapa ni puede escapar de la necesidad de armarse y militarizarse, pues la socialdemocracia [9], aunque se venda como el «mal menor» al servicio de los capitalistas, es tan solo otro representante del bloque burgués. De hecho, en el periodo 2020-2023 el presupuesto militar aumentó en siete mil millones de euros […].[…] [Sin embargo] La oligarquía española no está particularmente interesada en un rearme acelerado, por ello el gobierno de PSOE y SUMAR [reformistas de izquierdas] está combinando un incremento en los presupuestos con hacer una gincana financiera para contar como parte del gasto en defensa del PIB partidas que hasta ahora se veían excluidas (alcanzando así el 2% requerido sin añadir un solo euro).

   Estas y otras divisiones y diferencias serán visibles entre los Estados miembros, pero esto no nos debe llevar a equivocación. El “rearme europeo” es fundamentalmente poner los patitos en fila en el frente interior, asegurar su dominación exterior […], y prepararse al medio plazo para una escalada en las tensiones interimperialistas. Y esto también será ejecutado en España.»

   Esta postura respecto a las políticas de rearme es fruto de la naturaleza de España como potencia imperialista de segundo orden, sin una gran capacidad económica para llevar a cabo un ejercicio del calibre que impulsan las principales potencias imperialistas europeas: Alemania, Francia y el Reino Unido.

4. El avance del fascismo en Europa y España

Finalmente, en paralelo a estos procesos que generan un creciente descrédito de las fuerzas políticas tradicionales de la burguesía, se produce la aparición o el crecimiento de las fuerzas de la ultraderecha europea, que originalmente eran muy marginales y representaban a la burguesía menos competitiva y que con más urgencia necesita recrudecer la explotación para mantener su posición de clase. Sin embargo, en un contexto de estancamiento generalizado y de crisis, capitalizan el descrédito de los partidos tradicionales y el descontento generalizado con discursos populistas que ponen el foco fundamentalmente en la inmigración, pero también en el feminismo, las personas LGBT y la izquierda en general.

Esto da pie a una serie de fenómenos que de manera más o menos directa hacen avanzar al fascismo en el seno de las potencias occidentales:

1. Elementos fascistas entran en las instituciones y el circuito político burgués, medrando a la sombra del amplio manto de los partidos electoreros ultraderechistas, sus fundaciones y organizaciones satélite. Estos partidos tienen un discurso cada vez más fascistizante (importado a «copia y pega» desde los EE.UU.) y, junto a las necesidades de la oligarquía financiera para la intensificación de la explotación, arrastran los partidos tradicionales de todo el arco parlamentario burgués a posturas cada vez más derechistas. Un ejemplo reciente de su influencia en el Reino Unido es el nuevo marco legal anti-trans que se ha establecido en ese país de la mano de elementos ultrarreacionarios en el poder judicial. Este marco ha sido afianzado por el Partido Laborista, que a pesar de contar con mayoría absoluta se ha negado a maniobrar para echarla atrás, mientras que en 2019, cuando era oposición al gobierno conservador, prometían defender los derechos de las personas trans.

2. Elementos y grupos fascistas o fascistoides infiltran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o estrechan sus relaciones con estos, a veces incluso «a cara descubierta». Esto refuerza la tradicional pasividad que los integrantes de esta rama del aparato estatal han demostrado tener históricamente con los elementos reaccionarios y fascistas a la hora de tener que reprimirles, y la simpatía con sus ideas, con un claro solapamiento y «puertas giratorias» entre los cuerpos policiales y militares y las escuadras y grupúsculos de fascistas, los grupos de matones reaccionarios o las empresas de seguridad privada (o de desocupaciones, en España).

3. Voceros reaccionarios y fascistas ganan peso en su capacidad de influencia masiva, especialmente de la mano de los grandes monopolios de la comunicación y las nuevas tecnologías, regurgitando los mismos puntos que en los EE.UU., aunque difieran en la concreción del contenido: demagogia de tipo racista y xenófoba contra la población migrante; de tipo patriarcal contra el movimiento feminista y LGBT+; ultranacionalismo y criminalización contra el movimiento antifascista; uso de bulos, desinformación y campañas de desprestigio contra sus rivales reformistas o centristas en el parlamento… Aunque este tipo de actividades son la norma en una democracia burguesa, gracias a la complicidad abierta de las grandes multinacionales de las redes sociales y de inteligencia artificial, estas actividades han cobrado una dimensión nunca antes vista, suprimiendo las publicaciones «de izquierdas» y promocionando contenido ultraderechista de manera activa.

Estos procesos revierten en la creación de una base de masas reaccionaria, capaz de actuar ante los llamamientos de la ultraderecha. Esto es importante en relación al rol que esta juega para la oligarquía financiera. Como decíamos en nuestro documento Análisis y orientaciones para la lucha contra el rearme en Europa:

«La ultraderecha es instrumental a la oligarquía financiera: permite a la vez (1) poner en disposición a las masas para aceptar los “sacrificios que son necesarios” mientras (2) legitima la represión abierta (legal y paralegal) hacia “disidentes e indeseables”. Con el apoyo de los algoritmos de redes sociales y las grandes cadenas de comunicación han lanzado una ofensiva de criminalización contra los inmigrantes; así como, complementariamente, contra las disidencias de género, con la complicidad de la socialdemocracia. Estas son las piedras de toque para cargar contra toda forma de disidencia: colectivo LGTB, feministas, ecologistas, comunistas e incluso progresistas. Todo aquello “woke”. Esto engarza con su campaña de reclutamiento: ser rebelde es enfrentarse a todo lo anterior, que es parte del “sistema”; generando una peligrosa base de masas.»

Esta base de masas es la potencial base social del fascismo, y solo puede ser detenida mediante la amplia movilización de la clase obrera para ejercer su autodefensa primero, y pasar al ataque contra la reacción y el fascismo después. Recientes sucesos de parecida índole en España, el Reino Unido y los EE.UU. nos indican el tipo de experiencias de las que debemos aprender para conseguirlo (aunque nos centraremos en el caso de España, por motivos evidentes).

5. España: un precedente peligroso.

En España, este verano las redes políticas de la ultraderecha y los grupúsculos fascistas que operan en su interior han lanzado un episodio de Terror Blanco en una localidad del sur del país, Torrepacheco, una pequeña ciudad agraria de unos 45.000 habitantes. A raíz de un acto vandálico, estas redes lanzaron un llamamiento a la movilización masiva para linchar a la comunidad musulmana local. Centenares de fascistas y elementos de extrema derecha acudieron al llamamiento desde distintos puntos del país, así como un número no desdeñable de las masas atrasadas de la propia zona, formando escuadras que se dedicaron a aterrorizar a la población musulmana, arrancando temporalmente al propio Estado el monopolio de la violencia y ejerciéndolo durante varios días.

Los destacamentos fascistas que dirigían este pogromo contaban con el apoyo explícito de la 3a fuerza política del país, el partido ultraderechista Vox, que durante los últimos diez años ha servido para normalizar el discurso ultrarreaccionario entre las masas; y con la pasividad de las fuerzas policiales, que no hicieron nada para detenerles hasta pasados varios días de violencia. La población migrante solo contó consigo misma para organizar su autodefensa. Este suceso sienta un peligrosísimo precedente, ya que los fascistas y la ultraderecha se sintieron envalentonados por lo que sienten que ha sido una conquista social por su parte que pretenderán extender a otras ciudades del Estado.

Esta movilización se dio al mismo tiempo que se daba rienda suelta a una campaña de desinformación generalizada utilizando el discurso cínico y populista de la delincuencia y los problemas de convivencia, que impactan en la conciencia de la clase obrera y del resto de clases populares.

REFERENCIAS