El creciente protagonismo del ICE (Immigration and Customs Enforcement) en la política estadounidense lo ha situado como un instrumento central del gobierno para expandir el aparato represivo del Estado y sembrar un terror disciplinario sobre las comunidades migrantes y trabajadoras. En los últimos años, el liderazgo de Donald Trump ha funcionado como vehículo para impulsar el programa fascista de los elementos más reaccionarios de la oligarquía financiera, utilizando su figura para cohesionar tendencias internas del Partido Republicano y arrastrar a los sectores sociales más derechizados o vacilantes. La aplicación de esta agenda ha favorecido paulatinamente la normalización del terror organizado, junto con la ruptura calculada de tabúes característicos de la democracia burguesa, como el cuestionamiento abierto de resultados electorales y del juego parlamentario, las amenazas a derechos y libertades que las potencias occidentales suelen presentar como señas de identidad, la mayor tolerancia hacia dinámicas paramilitares y la ampliación del aparato represivo bajo el pretexto de perseguir enemigos internos como migrantes, personas trans o militantes de izquierda “extremistas”.
Aunque el régimen democrático-burgués sigue formalmente vigente y el Estado aún no ha adoptado plenamente la forma de una dictadura terrorista abierta, el proceso avanza y los márgenes de contrapeso existentes son objeto constante de maniobras para ser neutralizados por el gobierno. Aun así, ya se han rebasado algunos umbrales difíciles de revertir, entre ellos la ampliación del poder ejecutivo (de por sí ya extraordinarios en una potencia como Estados Unidos), la conquista estratégica de los niveles más altos de la judicatura y la normalización de un discurso público cada vez más abiertamente supremacista blanco. El aspecto clave no es la existencia previa de estos fenómenos, que ya estaba presentes en administraciones previas, sino el carácter abierto, coordinado y programático que han adquirido, así como su convergencia con prácticas cada vez más sistemáticas de intimidación y terror estatal. En su conjunto, estas prácticas configuran un proyecto reaccionario orientado a preparar las condiciones para la fascistización del Estado, haciéndolo funcional a las necesidades de guerra y disciplinamiento social que demanda el capital financiero en un contexto de crecientes tensiones inter-imperialistas.
Por todo ello, el papel del ICE resulta especialmente ilustrativo. La agencia ya había sido reforzada bajo administraciones anteriores, pero ahora se proyecta como emblema visible y demostrativo del rumbo por el que apuesta el gobierno. A ello se suma su estrecha coordinación con la CBP (Customs and Border Protection), ya que mientras el ICE opera principalmente dentro del territorio estadounidense mediante detenciones, redadas y deportaciones, la CBP actúa en fronteras y puntos de entrada. Ambas dependen del Department of Homeland Security y funcionan de forma articulada como un dispositivo único de control interior y exterior, y como punta de lanza operativa del endurecimiento represivo. Mientras que la primera captura y persigue dentro de las fronteras, la segunda blinda y militariza los límites del país. En este sentido, las redadas mediáticas espectaculares, los agentes encapuchados, el despliegue de fuerzas federales en ciudades “santuario” y la teatralización de la crueldad son los ejemplos más claros de este terror ejemplarizante destinado a aplastar la protesta y naturalizar la presencia militarizada de fuerzas federales en las calles.
El fortalecimiento de ese dispositivo se ha sostenido sobre una expansión acelerada de personal y recursos. En apenas un año el ICE duplicó sus efectivos, pasando de alrededor de diez mil agentes a más de veintidós mil, mientras la CBP incorporó miles de nuevos miembros en la mayor campaña de reclutamiento de la última década. Esta campaña se ha apoyado en incentivos económicos extraordinarios, bonificaciones que alcanzan decenas de miles de dólares y condonaciones de deuda estudiantil, además de un presupuesto colosal destinado a centros de detención, tecnología biométrica y equipamiento. Asimismo, la velocidad de este reclutamiento ha implicado también una reducción notable de exigencias y controles. Los periodos de formación se han acortado drásticamente, se han eliminado cursos obligatorios y se han flexibilizado criterios de edad y admisión. Al mismo tiempo, la captación se dirige a perfiles ideológicamente más derechizados mediante anuncios en medios ultraconservadores, podcasts afines y ferias armamentísticas, apelando al chovinismo “patriota”, con el objetivo de atraer cada vez más a individuos predispuestos a asumir la represión como misión.
Los hechos recientes en Minneapolis, en el estado de Minnesota, muestran con crudeza esta realidad. En enero de 2026, durante una operación del ICE, la muerte de Renée Nicole Good a manos de un agente federal encendió la indignación de la ciudad. La versión oficial intentó encuadrar el asesinato como defensa propia, pero testimonios e imágenes evidenciaron el uso desproporcionado y cobarde de la fuerza. Pocas semanas después, Alex Jeffrey Pretti murió por disparos de agentes de la CBP durante protestas contra la presencia federal, siendo caracterizado como una “amenaza” o un “criminal peligroso” mientras se ocultaba su condición de manifestante. La forma en que el gobierno ha relativizado y trivializado estos hechos demuestra que la careta formal democrática resulta cada vez menos necesaria para el ejercicio abierto de la violencia estatal.
No es casual que Minnesota haya sido escenario de levantamientos contra la brutalidad policial, especialmente tras el asesinato de George Floyd en 2020, cuando la ciudad se convirtió en un símbolo global de rebelión contra el racismo institucional. Esa memoria colectiva persiste, y la respuesta popular reciente demuestra que el aparato represivo no es omnipotente. Frente a una estrategia que busca intimidar y fragmentar, la tarea histórica consiste en construir unidad consciente y organizada para impedir que el gobierno consolide un estado de carácter fascista. Mostrar grietas en esa imagen mediante organización y resistencia debilita su principal arma política. Por ello, es esencial unir a trabajadores migrantes y no migrantes en una misma lucha, desmontar la narrativa que disfraza la represión de “seguridad” y transformar cada agresión en un impulso que fortalezca la organización y la conciencia popular. Todo ello requiere acción consciente, reconstituyendo el Partido Comunista y desarrollando un liderazgo revolucionario de la clase obrera capaz de canalizar estratégicamente la rabia social dispersa.
