El pasado 23 de septiembre fuimos testigos de otra manifestación de la brutalidad del capitalismo: Maricarmen, de 87 años, ha sido expulsada de su vivienda. Después de un proceso judicial y varios intentos de paralizar el desahucio, la policía irrumpió con gases lacrimógenos y violencia, consiguiendo efectuarlo. Ante esta situación, el movimiento por la vivienda ha respondido con firmeza: se han organizado manifestaciones en las principales ciudades, sacando a la calle a decenas de miles de personas.
El caso de Maricarmen no es un caso al uso. Ha sido una lucha durante siete años impulsada por el Sindicato de Inquilinas en la cual han estado enfrentadas con diferentes representantes políticos de la burguesía e incluso se ha llevado a organismos internacionales. Es decir, el Sindicato de Inquilinas ha conseguido elevar un caso individual a una campaña estatal, generando un estado de opinión sobre la necesidad de luchar por el derecho a la vivienda.
Para poder responder y construir un movimiento que ponga freno a los desahucios y a la especulación inmobiliaria, debemos tener claros los principios:
1. El enemigo principal es la oligarquía financiera.
La oligarquía financiera, a través de la banca, fondos buitres, grandes grupos empresariales y las administraciones, ha influenciado enormemente el sector inmobiliario y se ha beneficiado de las condiciones generadas por la última crisis, produciéndose una creciente concentración de la propiedad inmobiliaria en manos de grandes capitales y un aumento artificial de los precios de la vivienda y del alquiler.
El 15 % de todas las viviendas en España están en manos de fondos buitres. Aunque pueda parecer un porcentaje relativamente pequeño, esta concentración de viviendas en pocas manos les permite tener una capacidad de intervención sobre el mercado muy superior a la del resto de propietarios. Al concentrar grandes carteras de viviendas y poder decidir cuándo y en qué condiciones ponerlas en el mercado, estos grandes capitales pueden restringir la oferta disponible y presionar artificialmente los precios al alza. Esta tendencia termina siendo seguida por las grandes y medianas empresas inmobiliarias y, en última instancia, por pequeños propietarios, generalizando el aumento de los precios de la vivienda y del alquiler.
El caso de Maricarmen no fue diferente: el edificio donde vivía fue comprado por la inmobiliaria Renta Corporación, que ha efectuado operaciones en aproximadamente 1700 edificios. Esta empresa cotiza en bolsa y parte de sus accionistas son fondos de inversión. Posteriormente, vendieron la propiedad a otra inmobiliaria más pequeña, Urbagestión. Estos consideraron que el antiguo contrato había expirado y llegaron a exigir 2650 euros de alquiler, en comparación con los 500 que pagaba.
2. El Estado protege los intereses de la oligarquía
El Estado burgués es el garante del orden social y, con él, de las relaciones de propiedad que sostienen el poder de las clases dominantes. El peso que tiene en la economía española el negocio inmobiliario y su estrecha vinculación con el capital financiero hacen que la oligarquía financiera tenga una relación directa con el Estado y las distintas administraciones. Las medidas impulsadas por el Gobierno central en materia de vivienda, aunque introducen determinadas limitaciones sobre el mercado, tienen un alcance limitado y dejan importantes vías para que los grandes propietarios y administraciones puedan sortearlas.
Prueba de ello es que precisamente el Gobierno de Díaz Ayuso ha optado por no aplicar las medidas de la Ley de Vivienda que dependen de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, al tiempo que facilita la actividad de la oligarquía financiera mediante la eliminación de trabas a los grandes propietarios y la concesión de beneficios fiscales al capital inmobiliario.
En este aspecto, el caso de Maricarmen ha sido prueba de la palabrería e inoperancia de la socialdemocracia: tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Vivienda han alegado que no se ha podido hacer nada y han echado balones fuera, culpando a otras administraciones. Al final, el sufrimiento provocado por las consecuencias del capitalismo no es más que una crisis de reputación y una traba burocrática: los socialdemócratas se reafirman como gestores de la miseria.
Por tanto, independientemente del color del Gobierno local y central, existe un pacto tácito de clase: mientras unos aplican medidas más restrictivas y otros facilitan abiertamente la actividad del capital inmobiliario, todos terminan garantizando por distintos medios las relaciones de propiedad existentes. Cuando la lucha por la vivienda pone estas relaciones en cuestión, entran en juego los mecanismos represivos del Estado, desde la violencia policial contra los activistas hasta las multas y los procedimientos judiciales.
3. De nuevo, el reformismo saca a relucir su oportunismo
Adicionalmente, resulta significativo que, mientras se plantea una candidatura conjunta para las próximas elecciones, Irene Montero haya acudido al desahucio de Maricarmen y Ada Colau haya reaparecido pocos días antes en el desahucio de una vecina de Gràcia. Resulta difícil no señalar el oportunismo de quienes vuelven a ponerse al frente de la lucha por la vivienda precisamente cuando necesitan recuperar presencia y apoyo electoral.
Es más, Sumar ha aprovechado el escándalo para exigir la expropiación del piso de Maricarmen, en una operación de hipocresía totalmente descarada. Recordemos que en los últimos años Unidas Podemos y Sumar han formado parte de gobiernos autonómicos y central y no solo han ordenado desahucios como buenos administradores de la burguesía, sino que, además, el Gobierno no ha expropiado un solo piso a fondos de inversión.
4. Organizar un movimiento por la vivienda amplio y combativo
Los comunistas y activistas revolucionarios tenemos que aprovechar estos estallidos espontáneos de las masas para transformarlos en lucha organizada y enraizada en los barrios, que sea capaz de conectar los problemas que a diario enfrentan las clases populares con un enemigo principal que suele presentarse como un ente lejano y abstracto. Para ello, hay que luchar por la centralidad política de las asambleas de barrio, que sean estas las que tengan la capacidad de decidir cómo articular la lucha contra la especulación inmobiliaria, definiendo sus objetivos en función de las necesidades de las clases populares del barrio y a la disposición a luchar de estas.
Necesitamos construir un Movimiento por la Vivienda que pueda establecer una unidad de acción sobre las reivindicaciones que más puedan golpear al enemigo principal, la oligarquía financiera, además de sumar al mayor número de sectores populares:
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Regulación del precio del alquiler con una limitación efectiva.
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Regulación del precio de la vivienda para que este refleje su valor real.
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Aumento del parque de vivienda pública, sobre todo mediante la expropiación a grandes tenedores.
Además de estas reivindicaciones generales, existen otras más específicas, como establecer contratos de alquiler indefinidos o poner freno a planes urbanísticos que abren el camino a la especulación.
Pero para que este movimiento pueda desarrollarse y no quede desconectado del conjunto de la lucha de clases, es necesario situar a la clase obrera al frente del movimiento popular por la vivienda.
La clase obrera tiene que aportar su experiencia, su capacidad de organización y su tradición de lucha al conjunto del movimiento, vinculando la lucha por la vivienda con el resto de las luchas del pueblo y permitiendo que avance en organización, conciencia y capacidad de combate.
De esta forma, la lucha por la vivienda puede integrarse en una lucha más amplia contra el capital y las relaciones que generan la explotación y el empobrecimiento de las masas. Así, los intereses y la perspectiva de la clase obrera orientarán la unidad de las distintas capas populares
5. Solo las masas podemos hacer presión efectiva y arrancar victorias.
La lucha por la vivienda es lucha de clases. Los alquileres suben, los precios suben, los servicios públicos pierden financiación y los sueldos se congelan. Esta es la miseria del capitalismo y esta es la realidad: la burguesía y sus representantes ya no ofrecen ni migajas.
Pero el movimiento por la vivienda, por sí solo, no puede echar un pulso al Estado y a la oligarquía financiera. Por eso es fundamental atraer a todas las capas que tienen intereses objetivos en esta lucha y unirlas alrededor de reivindicaciones comunes como las mencionadas. Solo ampliando la fuerza del movimiento podemos arrancar victorias y hacer avanzar la organización de las masas.
Pero las clases populares no nos podemos quedar en este punto. Vemos cómo incluso las mejoras que conseguimos con nuestras luchas tienen fecha de caducidad y mil barreras para su posterior aplicación. Debemos acabar con este sistema que especula con nuestros medios esenciales de vida, que nos explota dentro y fuera del trabajo y que no puede ofrecer alternativa.
Por eso, desde la lucha de masas cotidiana, nuestra responsabilidad como comunistas es luchar junto a nuestro pueblo y aportar la síntesis de las experiencias revolucionarias internacionales, para ser capaces de transformar las luchas por las reformas en luchas por la toma del poder.
