En los últimos años han surgido numerosos grupos parapoliciales en forma de empresas de desokupación. En este artículo detallaremos cómo operan estos grupos, qué función desempeñan dentro del Estado español y la actitud que debemos tener a la hora de combatirlos. Aportaremos, además, un ejemplo de confrontación con una de estas empresas por parte de una organización popular valenciana.
Desokupa: organización parapolicial pionera en desalojos ilegales, y fuerza de choque contra el movimiento popular
Durante el último periodo político, la empresa ‘Conciencia y Respeto 1970 S.L’, más conocida como ‘Desokupa’, ha sido una de las bazas de la oligarquía financiera para asegurar sus intereses dentro del sector inmobiliario. Tras el nacimiento de esta entidad no han sido pocas las empresas de desokupación que han seguido su estela, todas ellas operando al margen de la legalidad, pero casi siempre amparadas del Estado.
En los medios de comunicación, estas empresas presentan los casos como situaciones en las que la parte “afectada” es una persona o familia de bien a la que uno o varios “marginados” le han ocupado su vivienda. Hay muchos ejemplos de este tipo de reportajes que muestran familias angustiadas, llorando de emoción cuando recuperan su vivienda; fue especialmente sonado uno en que recuperaban la vivienda de una anciana de 80 años. Todo esto lanza un mensaje claro a la audiencia: “cuidado con los okupas, tú podrías ser el próximo”.
Pero por supuesto la realidad es otra. Existe una gran diferencia a nivel legal entre la ocupación y el allanamiento de morada. A la hora de invadir una vivienda declarada como morada, los cuerpos policiales tienen la obligación de actuar de forma inminente, y así es como normalmente operan. Esto es así desde hace décadas y aplica también a segundas residencias cuando el propietario tiene dos o más viviendas que quiere habitar. Entonces, ¿de qué casos se encargan las empresas de desokupación? Pues de viviendas no habitadas por sus propietarios, casi siempre en venta o en alquiler. Es más, la tendencia en los últimos años es a desokupar a familias que se retrasan en el pago del alquiler de su vivienda, para así asegurar que el propietario puede meter a nuevos inquilinos cuanto antes y volver a cobrar sus rentas, e incluso para forzar a abandonar la vivienda a los arrendatarios que se nieguen a asumir subidas abusivas.
A la hora de desahuciar a una familia o un centro social, los métodos de Desokupa son los de una fuerza de choque militar: violencia, intimidación, asedios, controles de acceso, informes de desalojo falsificados y otras prácticas ilegales.
Precisamente por este carácter fascistoide, las empresas desokupas han comenzado a movilizar a la reacción más recalcitrante en España. Lo vimos, por ejemplo, en la manifestación contra un casal okupado en el barrio barcelonés de La Bonanova, en mayo de 2023. Con Desokupa a la cabeza, y codo a codo con fascistas, se organizó una manifestación de algunos cientos de personas, que fue contrarrestada por una manifestación antifascista de 600 personas. Desokupa también tuvo un papel dirigente en las violentas manifestaciones de extrema derecha en Ferraz, en noviembre de 2023, de la mano con Alvise Pérez y varios grupúsculos fascistas.
No debe sorprendernos la impunidad con la que actúan estos grupos, cada vez es más patente su relación con la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin ir más lejos, hace varios meses firmaron un acuerdo junto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impartir cursos formativos de “autodefensa” a unos 30.000 agentes de la Policía Nacional. Más recientemente, también hemos conocido la noticia de que han firmado un convenio con ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española), a través del cual impartirán cursos similares a unos 4.300 militares, comprometiéndose a ofrecer un puesto de trabajo a quienes muestren mejores aptitudes. Así que la imagen final es esta: fascistas que operan al margen de la ley formando a nuestros cuerpos represivos estatales, y ofreciéndoles puestos de trabajo.
Todo esto forma parte de la creciente militarización de los Estados burgueses, como consecuencia de la agudización de las tensiones interimperialistas, del estancamiento económico, y su necesidad de recrudecer la explotación y los mecanismos de represión. En el momento actual, Desokupa se dedica principalmente a ser un grupo escuadrista que intenta intimidar a okupas y activistas, en ocasiones consiguiendo desalojarles de su vivienda o espacios de organización popular, pero sus lazos con el Estado cada vez son más sólidos.
Estas organizaciones han llegado para quedarse, y es previsible que crezcan todavía más en los tiempos que vienen. Nuestro deber como comunistas es combatir estos grupos, que son un instrumento del Estado para desarticular el movimiento popular. En el siguiente apartado profundizaremos brevemente en esta última idea y expondremos una experiencia ejemplar de profesionalización de la autodefensa en la ciudad de Valencia.
Articulemos la capacidad de autodefensa contra todas las fuerzas de choque de la burguesía
El Estado capitalista es la gran herramienta de dominación con la que cuenta la burguesía: tiene el monopolio de la violencia legal y ampara a las distintas formas de represión paralegales e ilegales que la complementan. Todo movimiento de resistencia contra cualquier forma de opresión o explotación se enfrenta de alguna forma a la represión del Estado capitalista. La capacidad de autodefensa adquiere un carácter estratégico si entendemos que la revolución socialista consiste precisamente derrocar a la clase capitalista y tomar el poder político, y que la clase dominante no cederá en su posición sin desplegar toda su capacidad represiva.
Como ejemplo de cómo empezar a sistematizar la lucha contra los grupos ultrarreaccionarios vamos a ilustrar una campaña realizada por el Sindicat de Barri Montolivet (València) en 2024, para defender la vivienda de una familia amenazada por una empresa desokupa.
El primer paso fue recabar la mayor información posible acerca de las actuaciones de las empresas de desokupación. Esto se hizo hablando con las vecinas afectadas y otras familias del barrio, interesándose por sus inquietudes y sus vivencias. La investigación particular se combinó con la investigación general. Se observó que las empresas de desokupación eran una preocupación relevante en el barrio y que sus formas de actuar se habían vuelto progresivamente más violentas en todo el Estado (llegando al extremo de la quema del local del Sindicato de Inquilinas en Tenerife).
El propósito de esto no es solo entender al enemigo y su extensión, sino habilitar espacios de capacitación política en el seno del sindicato, permitiendo conocer colectivamente el carácter sistemático del problema y cómo se concreto. Este proceso de discusión dio lugar a que “la gestión del caso” pasara a verse como una reivindicación concreta dentro de una campaña política más amplia.
La llamada a la acción ya no se limitaba (ni podía limitarse) a “¡necesitamos ser muchas! ¡paremos todos los desahucios!” sino que esta convocatoria se combinó con una campaña de denuncia de la composición fascista de los escuadristas, sus formas de actuación mafiosas, el amparo que recibían del Estado, su blanqueamiento por parte de los grandes medios de comunicación, y señalar el peligro que entrañaba que actuaran con impunidad (amenazas y agresiones a múltiples estratos de la clase trabajadora), combatiendo a su vez el discurso alarmista “antiokupa”.
Por lo tanto, el segundo paso fue articular una campaña política para explicar ampliamente cómo funcionan estas empresas, su encaje dentro del Estado burgués y cómo hacerles frente. Se coordinó la campaña con otras cuatro organizaciones del movimiento popular valenciano.
Para el día en que estaba convocado el desahucio se organizó enfrente del portal un acto público, donde se expuso todo lo anterior al vecindario, de forma que a su vez se estuviese cerca para hacer frente a los matones cuando aparecieran. Además de integrantes de las organizaciones populares, asistieron en una proporción no desdeñable vecinos y vecinas que se habían sentido apeladas por la campaña.
Como tercer paso, se planificó todo el proceso para frenar el desahucio teniendo en cuenta tres escenarios posibles:
- Que sólo asistiera la empresa de desokupación, pero dispuesta a negociar.
Para este supuesto, se ideó que el máximo de gente se concentrara en la puerta, y al menos una persona se dispusiera a negociar con ellos. - Que asistiera la empresa de desokupación sin pretensiones de negociar.
Esta opción era bastante probable, y fue por eso que se veló por que la asistencia fuera máxima. Si esto ocurría, se optaría por una “resistencia activa”, que habría sido eficaz, dado que a la convocatoria finalmente asistieron alrededor de 50 personas. - Que asistieran tanto la policía como la empresa de desokupación.
Este supuesto dio debate dentro del sindicato; dado que estas empresas operan al margen de la legalidad, había quienes defendían confiaban en que la policía actuara contra ellas. Finalmente se decidió prepararse para el caso de que la policía no hiciera nada en nuestro favor, con la dificultad añadida de que no se podría ofrecer una resistencia activa contra los desokupas, incluso si era en defensa propia, para evitar detenciones y multas por parte de la policía.
También se consideró que si se convocaba muy pronto era probable que pasara por allí un coche de la Policía Nacional antes de que llegara la empresa de desokupación, ya que la calle estaba muy cerca de una comisaría. Si esto pasaba, fácilmente se podría ejecutar una sanción por concentración ilegal y tratar de disolver la acción. Para evitarlo se establecieron varios puntos de vigilancia, se preparó un pequeño cordón en el portal, y el grueso de gente se trasladó a un parque frente a la puerta. De este modo, las personas encargadas de la vigilancia avisarían inmediatamente de la presencia de reaccionarios, dando tiempo a todos los asistentes a formar cordón en la puerta. Todo este proceso de preparación se fue explicando a medida que se ideaba, con el fin de formar también al resto de militantes del sindicato y capacitarlos para idear planes similares.
Finalmente llegó el día de la convocatoria, y pese a que la empresa de desokupación había sido tremendamente contundente con sus amenazas, llegaron al lugar y terminaron por marcharse al ver a decenas de personas bien organizadas y preparadas para combatirles.
Consideramos que la preparación de este evento supone un salto frente al modelo “clásico” de paralizar desahucios, que siempre se ha limitado a convocar al máximo número de gente posible en la puerta, muchas veces sin atender a las condiciones concretas del desahucio, y peor aún, sin que esta convocatoria para resistir sea parte de una campaña de denuncia y educación política que sirva tanto al fortalecimiento de los colectivos como a la elevación de la consciencia de la clase trabajadora en general. Sin preocuparse por la elevación política no es posible elevar el nivel de lucha y combatividad de manera orgánica.
Por ello, desde el PRT animamos a todas las organizaciones populares a dar un paso adelante en la organización de su autodefensa. Organizar cordones para manifestaciones, crear comisiones de seguridad para un casal okupado, entrenarse en deportes de contacto… Es una parte muy relevante de ello. Pero la potencialidad de esta capacitación concreta es particularmente relevante si se vincula a la educación y capacitación política colectiva, cada vez más amplia, en el seno de los colectivos y su entorno.
¡Contra los grupos parapoliciales y todos los reaccionarios: organicemos la autodefensa popular!
¡Construyamos capacidad de autodefensa, sirvamos a la revolución!
