En noviembre de 2021, los trabajadores del metal de Cádiz salieron a la calle, reivindicando la actualización del salario conforme al IPC en un contexto inflacionario, poniéndose en huelga e iniciando una serie de protestas que se extendieron a varios barrios obreros de la ciudad. La lucha de los trabajadores y trabajadoras gaditanos es digna de recordar y reivindicar por varios motivos:
1) En primer lugar, fue una muestra ejemplar de combatividad por parte de trabajadores extremadamente explotados por el ansia de beneficio de las multinacionales, y consiguieron escalar el conflicto acorde a la importancia que tenía su situación para su futuro.
2) En segundo lugar, generó un tejido enorme de solidaridad en la ciudad y más allá; vecinos y asociaciones locales habilitaron una caja de resistencia para pagar las multas de las protestas, y todavía resuenan las declaraciones de Raquel Rodríguez1, vecina de Cádiz condenada a pagar más de 5000€ por delitos de injurias (mostrar solidaridad con los trabajadores en televisión).
Finalmente, es imposible olvidar como el Estado reprimió duramente las protestas, llegando a enviar una tanqueta militar a la ciudad, decisión tomada por el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska y que contó con el beneplácito y justificación de Yolanda Díaz y el secretario general del PCE, Enrique Santiago.
Pues bien, recientemente conocíamos nuevas actualizaciones respecto a la actividad represiva del Estado contra los trabajadores gaditanos. Siete obreros fueron juzgados este 19 de septiembre por delitos de desorden público y atentado contra la autoridad, y la Fiscalía pedía tres años de cárcel a cada uno de ellos2. Finalmente han llegado a un acuerdo por condenas menores de cárcel, por lo que no tendrán que entrar en prisión, cosa que celebramos. Esta victoria, obtenida gracias a la movilización y solidaridad del pueblo gaditano, no nos hace ignorar la intención del aparato represivo con estas acusaciones: hacía falta demostrar que las protestas de este calibre, ejemplares, justas y combativas, no quedan impunes ante el Estado capitalista.
Por su parte, Raquel Rodríguez sigue condenada a pagar 5000€ de multa, por lo que adjuntamos los medios para donar que ya se habilitaron cuando se conoció su condena en abril:
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Bizum: 633 13 41 85
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Transferencia: ES56 1465 0100 91 1706660769
El Estado capitalista es represivo por naturaleza, pues es la herramienta principal de dominación de la burguesía. No debemos dejarnos engañar por la larga vara de la represión y las amenazas de que “nada de esto hubiera pasado” si la clase obrera no hubiese osado luchar. Los cantos de sirena del reformismo, que desde el gobierno llamaba al fin de la huelga y al “diálogo” (recordemos las palabras del secretario del PCE Enrique Santiago desde la presidencia de la Agenda 2030: “lo que les pido a los trabajadores es que tengan confianza en el trabajo que está haciendo este Gobierno“) son las dos caras de una misma moneda: el sometimiento de la clase obrera a la dictadura del capital.
La lucha de los trabajadores de Cádiz nos muestra lo irreconciliables que son nuestros intereses y los de la burguesía, que el Estado capitalista, en última estancia es un aparato de represión, y que cualquier ministro reformista no es más que un lacayo del capital. Nos muestra que la resistencia contra los capitalistas depende de la organización de nuestra clase, y los comunistas debemos aprender de estas luchas y hacer servir estas experiencias para que sirvan a la educación política de nuestra clase: a hacer evidente la necesidad de la revolución y reforzar las fuerzas revolucionarias con los aprendizajes y los mejores combatientes de estas luchas.
¡Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del metal de Cádiz!
¡Solidaridad con el pueblo gaditano!
¡Sigamos el ejemplo de lucha de la clase obrera gaditana!
1Podéis recuperar nuestro comunicado de apoyo a Raquel Rodríguez en https://somosrevolucion.es/trabajadora-represaliada-huelga-metal-cadiz/
